El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE) ha manifestado su rechazo a la decisión de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal de reducir la condena de los responsables de la muerte a balazos de la pareja de cristianos evangélicos, Elisa Muñoz Marte y Joel Eusebio Díaz Ferrer, pues esto sería una involución al sistema de justicia.

Elisa y Joel murieron por disparos de una patrulla de la Policía Nacional, cuando regresaban de predicar en una campaña cristiana en la comunidad Los Ganchos de Pino Herrado (en Villa Altagracia, provincia San Cristóbal). Los agentes policiales «habrían confundido el vehículo con otro que perseguían».

El impacto del caso de esta pareja conmocionó al país y ha generado una ola de protestas y movilizaciones, además de un llamado urgente a continuar la reforma profunda en los cuerpos de seguridad del país. Incluso el presidente Abinader pidió perdón a la familia tras la tragedia.

CODUE respalda el recurso presentado por la procuradora de Corte, Fátima Sánchez Guzmán, y la fiscal titular de Villa Altagracia, Dalma Díaz, con el propósito de restablecer la pena original. CODUE hace un llamado a las autoridades para que prevalezca la justicia y se garantice que hechos como este no vuelvan a repetirse.

No sólo ha reaccionado la comunidad evangélica, sino también otros sectores de la sociedad, que demandan una justicia ejemplar, y resaltan la necesidad de una reforma en los cuerpos de seguridad para evitar que se produzcan estas negligencias con resultados fatales para las vidas de los ciudadanos. Advierten que una sentencia indulgente podría sentar un mal precedente en la lucha contra la violencia institucional.

El presidente de CODUE, Feliciano Lacen Custodio, expresó su respaldo a la acción del Ministerio Público, que ha calificado la reducción de la pena como «desproporcionada» e «injustificada», desvirtuando la gravedad del caso. «La comunidad evangélica y diversos sectores de la sociedad han reiterado su demanda de justicia ejemplar, señalando que este caso es un símbolo de los excesos policiales que deben ser sancionados con firmeza.

Asimismo, resaltó que organizaciones civiles y religiosas han respaldado el reclamo de justicia, advirtiendo que una sentencia indulgente podría establecer un precedente negativo en la lucha contra la violencia institucional y la impunidad.

Por su parte, el pastor y líder comunitario de Villa Altagracia, Fredy Díaz Rosario, hizo un llamado a las autoridades nacionales para que intervengan los tribunales de San Cristóbal, ante lo que consideró una falta grave de justicia en este caso que conmocionó a la sociedad dominicana. Aseguró que la Corte de San Cristóbal está “podrida” y necesita ser intervenida.