Nicaragua se retiró del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) tras un informe condenatorio de expertos de la ONU que acusan al gobierno de Daniel Ortega de suprimir sistemáticamente los derechos humanos, la democracia y los grupos religiosos.

Ariela Peralta, una de las personas que contribuyó al texto, declaró: “Estamos viendo una represión metódica contra cualquiera que se atreva a desafiar el control del poder de Ortega y Murillo” – y agregó- “Este es un gobierno en guerra con su propio pueblo”.

Por su parte, Reed Brody, miembro del comité de expertos de la ONU sobre Nicaragua y uno de los autores de ese informe dijo: “Nunca he visto una Constitución, fuera de las monarquías absolutas, que concentre tanto el poder en la Presidencia como la de Nicaragua”

Entre tanto, el gobierno del  país centroamericano denunció que organismos internacionales, entre ellos la ONU y la Organización de Estados Americanos, están llevando a cabo una campaña de desprestigio en su contra. La esposa de Ortega y copresidenta, Rosario Murillo, calificó el informe de “falsedades” y “calumnias”.

Nicaragua ha sido cada vez más criticada por atacar a grupos religiosos del país.

Una ley de 2018 que regula la financiación de las ONG (organizaciones no gubernamentales) ha llevado, por ejemplo, a la revocación masiva del estatus legal de miles de organizaciones entre evangélicas y católicas.

El Departamento de Estado de Estados Unidos colocó al país en su lista especial de vigilancia por violaciones a la libertad religiosa en 2019, antes de elevarlo a la lista más grave de “países de particular preocupación” en 2022, una designación que generalmente desencadena sanciones.

La Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional ha señalado un empeoramiento de las condiciones, incluido el arresto arbitrario, el encarcelamiento y la expulsión del clero católico, la confiscación de propiedades de la Iglesia y la intimidación de fieles en Nicaragua.

El grupo de defensa de la libertad religiosa con sede en el Reino Unido, Christian Solidarity Worldwide, también ha publicado un informe sobre la represión contra las comunidades religiosas en ese país, titulado “Control total: la erradicación de las voces independientes en Nicaragua”.

La CSW documentó 222 casos de persecución religiosa, muchos de ellos con violaciones múltiples que afectaron a miles de personas.

Las autoridades han seguido cancelando actos religiosos e impidiendo procesiones religiosas públicas, señala el informe, y añade que el gobierno ha impuesto nuevas restricciones a los líderes religiosos, obligándolos a presentarse semanalmente ante los agentes de policía designados, presentar sus programas de actividades y hacerse fotografías. A algunos se les ha advertido de que el incumplimiento podría dar lugar a la detención o al exilio.

El pastor protestante Efrén Antonio Vílchez López ha sido condenado a 23 años de prisión por lo que se describe como cargos inventados, según el informe de CSW, que expresa preocupación por el deterioro de su salud debido a una diabetes no tratada.

Las líderes laicas católicas Carmen María Sáenz Martínez y Lesbia del Socorro Gutiérrez Poveda se encuentran detenidas en régimen de incomunicación desde agosto de 2024, sin que se hayan proporcionado pruebas de vida a sus familiares, dice el informe.

En total, la CSW registró 46 casos de líderes religiosos detenidos arbitrariamente en 2024, tanto a corto como a largo plazo.

La directora de incidencia de CSW, Anna Lee Stangl, denunció que Ortega, Murillo y su partido gobernante, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, tienen la intención de erradicar la sociedad civil independiente y silenciar a los críticos.

Instó a la comunidad internacional a encontrar nuevas formas de apoyar a los disidentes nicaragüenses, ya sea dentro del país o en el exilio, dada la negativa del gobierno a colaborar con organizaciones como la ONU.