La Alianza Evangélica Mundial (WEA), junto al Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina (OLIRE) y el Instituto Internacional para la Libertad Religiosa (IIRF) presentaron un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para exponer la violencia del crimen organizado contra la población hondureña y líderes religiosos.

Según la OLIRE, a través de su Base de Datos de Incidentes Violentos, entre 2022 y 2024 se registraron 41 asesinatos de líderes religiosos y feligreses, 5 secuestros y más de 200 ataques contra la integridad física, incluyendo amenazas de muerte.

El informe explica como las bandas locales y otros grupos del crimen organizado como la Mara Salvatrucha (MS-13) y la pandilla Barrio 18, tienen presencia en este país. “…se han convertido en las autoridades de facto en diversas comunidades, principalmente en zonas urbanas como Tegucigalpa, Comayagua y San Pedro Sula” dice el texto.

Se denuncia que parte de sus acciones criminales tienen que ver con el reclutamiento infantil, una acción que en muchas oportunidades ha sido evitada por comunidades cristianas a través de la creación de espacios seguros para la educación y orientación moral.

El texto reseña que la situación en Honduras también afecta a minorías religiosas no cristianas. Se denunció el ataque a los derechos de los pueblos indígenas y los desafíos que estos tienen para ejercer sus tradiciones debido al despojo de tierras, la degradación ambiental y la falta de una aplicación adecuada de la ley.

El informe sobre Honduras presentado este mes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sirve como antesala al Examen Periódico Universal (EPU) de este país programado para noviembre de 2025 durante el 50º período de sesiones.

El EPU es un mecanismo para que los Estados Miembros de las Naciones Unidas se sometan cada cuatro años y medio a un análisis de su ejecutoria en materia de derechos humanos.

El texto hace un resumen del tercer ciclo del EPU de esta nación en 2020, describiendo como el país recibió 223 recomendaciones de las cuales 203 fueron aceptadas por el estado y tomó nota de otras 20.

Se detalló que el gobierno adoptó diversas medidas como un estado de excepción parcial en diciembre de 2022, o el proyecto de una megaprisión para albergar 20.000 personas, siguiendo un enfoque similar al de El Salvador. Sin embargo, las estrategias de seguridad no han logrado reducir el nivel de violencia en el país según el documento.

LÍDER DE PANDILLA SE MAQUILLABA PARA NO SER DESCUBIERTO POR LA POLICÍA

En Comayagüela, Honduras, equipos especiales de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra El Crímen Organizado capturaron a uno de los principales líderes de la Pandilla 18 en ese país.

Es… pic.twitter.com/fi4r3OYvOF

— Alerta Noticias (@alertanoti) April 29, 2025

A pesar de los esfuerzos, organizaciones como Insight Crime atribuyen la falta de efectividad, al escaso desarrollo institucional, la geografía y la política, así como la corrupción entre las élites gubernamentales.

Según el informe, los líderes religiosos en Honduras son los más vulnerables, especialmente cuando su misión implica denunciar actividades criminales o redes de corrupción, defender los derechos humanos, ambientales o indígenas, desafiar el control criminal en su territorio, mediar entre grupos criminales o trabajar para prevenir el reclutamiento de jóvenes.

El texto detalla que al asumir estas funciones, se convierten en obstáculos para el crimen organizado, convirtiéndolos en blanco de represalias, lo que impacta directamente el ejercicio de la fe.

En este informe se insta a las autoridades a reconocer la vulnerabilidad de estos dirigentes y las comunidades religiosas. También se pide ayuda para el fortalecimiento de estas acciones que buscan el rescate de los menores vulnerables.

Se reseña que ahora, en ciertas zonas, los líderes no participan activamente en la evangelización de los jóvenes porque pudieran convertirse en una fuente de reclutamiento para las maras y que solo algunos de la comunidad pueden estar en las actividades de la iglesia, siempre bajo la vigilancia de las pandillas.

“Las amenazas o la censura contra líderes religiosos les impiden abordar la violencia en sus sermones, lo que restringe su libertad de expresión religiosa y priva a sus comunidades de una guía acorde con sus creencias” dice el informe.

Además fue denunciada la intimidación y la violencia que enfrentan estos dirigentes cuando defienden los derechos indígenas y su patrimonio cultural y espiritual.

Se recordó al gobierno la necesidad de crear una Fiscalía Especializada para Delitos contra Líderes Religiosos dentro del Ministerio Público, encargada de investigar amenazas, extorsiones y ataques contra el clero, una oficina que cuente con presupuesto independiente y obligada a publicar informes trimestrales que detallen el progreso de los casos, los arrestos y los procesamientos.

Se exhortó a reformar el Código Penal para incluir penas más severas para los delitos contra este tipo de liderazgo positivo, garantizando que los perpetradores vinculados al crimen organizado enfrenten penas mínimas obligatorias de al menos 25 años.

También habilitar una línea telefónica nacional de emergencia específicamente para que los afectados puedan denunciar amenazas de forma anónima, con una respuesta policial garantizada las 24 horas, los 7 días de la semana, para casos verificados de intimidación o violencia.

Además, se recomendó destinar un porcentaje del presupuesto de seguridad nacional a financiar programas religiosos de prevención de pandillas en los municipios más violentos del país. Se pidió incluir a la cartera de Educación para que se  integren programas de formación profesional e inserción laboral en las escuelas secundarias públicas, en colaboración con organizaciones religiosas, para brindar a los jóvenes en riesgo alternativas laborales a la participación en pandillas.

En el documento, se pide al gobierno la posibilidad de crear incentivos fiscales para las empresas que contraten a exmiembros de pandillas y jóvenes de programas de rehabilitación basados en la fe, reduciendo así la reincidencia y fortaleciendo la reintegración económica.

Finalmente, explican que se debería nombrar una comisión de supervisión independiente compuesta por líderes religiosos, representantes de la sociedad civil y agentes del orden público para evaluar la eficacia del programa y recomendar ajustes a las políticas.

La Alianza Evangélica Mundial (WEA) fue fundada en 1846 y es una red de iglesias en más de 140 países que han formado una alianza evangélica, y más de 100 organizaciones internacionales que se unen para dar identidad, voz y plataforma global a más de 600 millones de cristianos evangélicos en todo el mundo.